Redacción
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones entre las que infroma que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, uso, distribución y publicidad de productos sanitarios, cosméticos y medicamentos que no contaban con los registros requeridos.
Esta medida busca resguardar la salud pública ante la circulación de artículos de origen desconocido y sin control de calidad, incluidas marcas comercializadas de forma electrónica y en todo el país.
En el caso de los cosméticos, la ANMAT identificó la venta de productos capilares bajo el nombre de la marca SUAD, en la que ninguno de ellos contaba con la inscripción sanitaria correspondiente y, por lo tanto, se desconoce su composición y seguridad para el usuario.
El organismo advirtió en particular sobre la utilización de productos con formol, una sustancia prohibida por su capacidad de largar vapores tóxicos que pueden causar reacciones agudas como picazón, ardor, irritación en la piel y ojos.
La ANMAT también prohibió la distribución del medicamento MENTISAN, un ungüento mentolado fabricado en Bolivia. Se identificó que este producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales de la República Argentina.
El MENTISAN se consideraba como un remedio para problemas respiratorios, irritaciones cutáneas, heridas leves y otras afecciones, lo que lo clasifica como medicamento según la normativa local. Por ello, el ANMAT lo consideró un riesgo para la salud pública y dispuso la prohibición absoluta de “su uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones”.
Otro medicamento que identificó el organismo fue el Fungy Clean. Spray Anti-Hongos y Moho, que tampoco estaba inscripto ante la ANMAT ni ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, por lo que se prohibió “su uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional hasta tanto obtenga las correspondientes autorizaciones”.
Estos procedimientos sirven para evitar el uso y difusión de artículos ilegítimos, para proteger a los consumidores ante productos cuya fabricación, composición y control resultan imposibles de verificar bajo la normativa vigente.
